La AF reivindica que se atribuya al fiscal la dirección de la investigación penal y que el juez sea ‘exclusivamente un tercero imparcial’

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La Asociación de Fiscales (AF) propugna el cambio de modelo para que se atribuya al fiscal la dirección de la investigación penal, en la que el juez sea «exclusivamente un tercero imparcial».

Así lo ha destacado hoy en un comunicado esta asociación, que preside la fiscal Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Recuerda que la Asociación de Fiscales ha defendido históricamente el cambio de modelo de investigación penal y la atribución de la dirección de la misma al fiscal»

Ahora bien, «con ocasión del estudio del Anteproyecto de Fiscalía Europea, que es un anticipo del modelo procesal del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)», quiere poner de manifiesto que «no comparte el modelo» que estos anteproyectos diseñan.

Afirma que rezuman «desconfianza hacia el fiscal investigador y supedita su actuación a la constante “tutela” o “supervisión” del juez de garantías, «a quien dotan de unas competencias que exceden de la función de salvaguarda de los derechos fundamentales, desnaturalizando su esencia de tercero imparcial, limitando con ello la eficacia y celeridad del proceso».

La AF subraya que el Anteproyecto de la nueva LECrim debe ir acompañado de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), «que blinde al fiscal de todo intento de mediatización en su labor investigadora».

«Los fiscales estamos preparados para dirigir la investigación penal sin necesidad de imposición de tutelas respecto de nuestra actuación», ha sentenciado Cristina Dexeus en declaraciones a Confilegal.

Cristina Dexeus, presidenta de esta asociación, vuelve a exigir que «se refuerce la imagen de neutralidad e imparcialidad» del Ministerio Fiscal, reformando el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado.

Señala que «cualquier reticencia a atribuir a los fiscales decididamente esa labor de investigación quedará superada con un Estatuto Orgánico, en el que se establezcan medidas que limiten la posibilidad de injerencia política o de presiones de cualquier tipo» en el trabajo de los fiscales.

Exige que «se adopten medidas, entre otras muchas, que incidan en la apariencia de neutralidad e imparcialidad de la institución, referentes al nombramiento y cese, funciones, abstención y actuación del fiscal general del Estado, y verdaderos contrapesos al poder del mismo».

También reclama que el nuevo Estatuto incluya medidas en defensa del fiscal investigador «para evitar presiones internas o externas sobre su actuación» y, además, aquellas otras que «rompan definitivamente el cordón umbilican, la tutela del Ministerio de Justicia sobre la Fiscalía».

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